El entorno regulatorio para pagos con Bitcoin (2025)
A medida que la adopción de Bitcoin se acelera, las empresas enfrentan el doble desafío de incorporar la innovación mientras navegan un entorno regulatorio para pagos con Bitcoin fragmentado, que puede tanto habilitar como limitar el uso de criptoactivos.
Desde el marco MiCA de la Unión Europea hasta las nuevas leyes de licenciamiento en Brasil y el giro de El Salvador respecto al estatus de Bitcoin como moneda de curso legal, el panorama regulatorio está cambiando rápidamente.
Este artículo ofrece una visión clara sobre dónde los pagos con Bitcoin están permitidos, restringidos o en evolución, según la jurisdicción. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a entender los riesgos y oportunidades de cumplimiento en los principales mercados globales.
Visión global del entorno regulatorio para pagos con Bitcoin
El entorno regulatorio para pagos con Bitcoin está evolucionando rápidamente, con jurisdicciones que buscan equilibrar innovación, estabilidad financiera y protección al consumidor.
Si bien la promesa de transacciones transfronterizas, rápidas y de bajo costo—especialmente a través de la red Lightning—ha impulsado su adopción, la claridad normativa sigue siendo inconsistente y fragmentada, pero existe una tendencia hacia una regulación unificada.
1. Convergencia regulatoria hacia estándares comunes
A nivel global, se observa una transición hacia marcos regulatorios más completos, siendo el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea el referente más avanzado. MiCA ofrece un marco armonizado para stablecoins, tokens de dinero electrónico y proveedores de servicios de criptoactivos (CASPs), y se posiciona como modelo más allá de Europa. Aunque es específico del bloque europeo, sus principios—licenciamiento, transparencia y mitigación de riesgos—ya están influyendo en estrategias regulatorias en regiones como Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y América Latina.
Al mismo tiempo, organismos internacionales como el GAFI, el FSB y IOSCO promueven el principio de “misma actividad, mismo riesgo, misma regulación”. Estas directrices están ayudando a unificar gradualmente el panorama fragmentado, ofreciendo a empresas y reguladores expectativas más claras para la gestión de riesgos cripto.
2. Expansión de la Travel Rule y estándares AML
La Travel Rule, eje central de las recomendaciones del GAFI en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, se está extendiendo a las transacciones con criptoactivos a nivel global. Exige que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) compartan información del remitente y del destinatario para operaciones superiores a ciertos umbrales, replicando así prácticas del sistema bancario tradicional.
Aunque la Unión Europea comenzó a aplicar su propia versión de la Travel Rule a finales de 2024, su implementación a nivel global es desigual. Algunos países como los Emiratos Árabes Unidos han adoptado marcos similares, mientras que otros se encuentran rezagados. Para empresas con operaciones transfronterizas, esto implica desafíos tanto técnicos como jurídicos, especialmente en ausencia de sistemas de cumplimiento en tiempo real plenamente estandarizados.
3. Auge de regulaciones específicas para stablecoins
Las stablecoins se han vuelto centrales tanto para la innovación en pagos como para la supervisión regulatoria. Jurisdicciones como la Unión Europea y Estados Unidos lideran los esfuerzos para regular la transparencia de reservas, el riesgo sistémico y la responsabilidad de los emisores. El objetivo es garantizar que las stablecoins utilizadas en pagos estén plenamente respaldadas, sean auditables y puedan integrarse de forma segura al ecosistema financiero tradicional.
Además, muchos países están adoptando regímenes de clasificación para diferenciar entre tipos de stablecoins (por ejemplo, tokens de dinero electrónico versus tokens referenciados a activos), aplicando exigencias distintas en materia de capital y reportes. Esto refleja el papel creciente de las stablecoins en pagos, remesas y operaciones de tesorería, así como su convergencia con las finanzas reguladas.
Entorno regulatorio para pagos con Bitcoin – Jurisdicciones clave
Unión Europea
Los pagos con Bitcoin son legales en toda la Unión Europea y actualmente se rigen por el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA), que entró plenamente en vigor en diciembre de 2024. MiCA establece requisitos integrales para los proveedores de servicios de criptoactivos (CASPs), incluyendo licenciamiento, cumplimiento de normas AML/KYC, protección al consumidor y estándares de custodia.
Aunque MiCA busca armonizar las normativas entre los Estados miembros, los plazos de implementación pueden variar durante el período transitorio que se extiende hasta 2026. Si bien Bitcoin no es considerado moneda de curso legal, su uso en pagos está permitido siempre que el proveedor esté debidamente licenciado y cumpla con las disposiciones del reglamento.
Ceuta, Malta y Chipre
Aunque están plenamente sujetas al reglamento MiCA de la Unión Europea, Ceuta (España), Malta y Chipre destacan por tener un enfoque más abierto hacia los pagos con Bitcoin. En Ceuta, Bitcoin es legal y se considera propiedad según la legislación española, con normas de protección al consumidor y obligaciones de cumplimiento AML. La ciudad autónoma promueve activamente el comercio cripto mientras España avanza hacia la implementación total de MiCA.
Malta y Chipre van un paso más allá, ofreciendo rutas operativas más claras. Malta complementa MiCA con su Ley de Activos Financieros Virtuales (VFAA), mientras que Chipre actualizó recientemente su legislación para reforzar la supervisión del sector cripto e integrar infraestructura de pagos. Ambas jurisdicciones permiten pagos legales con Bitcoin y apoyan a proveedores de servicios cripto licenciados, convirtiéndose en puntos de entrada atractivos dentro de un marco regulado europeo.
Estados Unidos
Bitcoin es legal en Estados Unidos, aunque su tratamiento regulatorio varía según la actividad y la jurisdicción. Se clasifica como mercancía por la CFTC, como propiedad a efectos fiscales por la IRS, y potencialmente como valor por la SEC, según el contexto. Los pagos con Bitcoin están permitidos, pero su implementación puede verse afectada por normas a nivel estatal.
Nuevos esfuerzos federales están mejorando la coordinación entre reguladores y ofreciendo rutas más claras para bancos, fintechs y VASPs. Como resultado, los pagos con Bitcoin—especialmente a través de billeteras Lightning y rails de stablecoins—se están integrando cada vez más en los servicios financieros tradicionales, con respaldo normativo e infraestructura en evolución.
En 2025, la administración estadounidense ha adoptado una postura pro-cripto, con el objetivo de establecer marcos de mercado claros y simplificados que posicionen al país como líder en innovación con activos digitales. Las recientes iniciativas regulatorias confirman que el entorno cripto vuelve a ser una prioridad de política pública.
Canadá
Canadá mantiene un entorno regulado y favorable al ecosistema cripto, donde Bitcoin es legal para realizar pagos, aunque no tiene estatus de moneda de curso legal. Los VASPs deben registrarse ante FINTRAC, cumplir con estrictas normas AML/CFT y reportar a la autoridad fiscal (CRA).
Fue también el primer país en aprobar un ETF de Bitcoin, reforzando su liderazgo regulatorio en el sector. Las empresas pueden aceptar pagos en Bitcoin sin restricciones, y las instituciones financieras están autorizadas a operar con criptoactivos bajo marcos de cumplimiento claros. Canadá es considerado un modelo de equilibrio entre innovación, gestión de riesgos y acceso institucional.
Brasil
Los pagos con Bitcoin son legales y están regulados bajo la Ley 14.478/2022, con el Banco Central de Brasil como autoridad supervisora de los VASPs y responsable de aplicar estándares AML. Aunque el comercio y la custodia de criptoactivos están autorizados, los pagos directos con Bitcoin—especialmente en sectores como el iGaming—enfrentan obstáculos regulatorios, al ser limitados por entidades financieras.
En marzo de 2025, se presentó el proyecto de ley PL 957/2025 para regular el pago de salarios en cripto. Permite pagos parciales y voluntarios en Bitcoin, pero exige que al menos el 50 % del salario se pague en reales brasileños. Los pagos completos en cripto solo se permiten para trabajadores extranjeros o expatriados. Los contratistas independientes pueden recibir el total en Bitcoin, siempre que se establezca por contrato. Todas las conversiones deben realizarse utilizando tipos de cambio autorizados por el Banco Central.
Colombia
Los pagos con Bitcoin no están prohibidos en Colombia, aunque el país aún carece de una ley específica para regular su uso. Las empresas pueden aceptarlo por acuerdo entre partes, pero su utilización sigue siendo mayormente no regulada. Los VASPs deben registrarse ante la Superintendencia Financiera (SFC) y cumplir con las obligaciones fiscales y mínimas de prevención de lavado de activos.
En marzo de 2025, se presentó un proyecto de ley para establecer un marco regulatorio formal para los VASPs, que incluye licenciamiento, normas AML/CFT, protección al consumidor y criterios fiscales. La iniciativa busca formalizar un sector que ha operado en una zona gris, reducir riesgos de fraude y fomentar una innovación responsable. El proyecto aún se encuentra en proceso legislativo.
Perú
Los pagos con Bitcoin no están prohibidos en Perú, pero permanecen fuera del sistema financiero oficial. Según la Ley 28194, las criptomonedas no son reconocidas como moneda de curso legal ni como medio de pago oficial. Sin embargo, su uso entre particulares es legal, y los reguladores avanzan lentamente hacia una mayor supervisión.
En abril de 2025, el banco más grande del país, BCP, recibió autorización para lanzar un proyecto piloto en un sandbox regulatorio, supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). El piloto permite a usuarios seleccionados comprar y vender Bitcoin en plataformas digitales de BCP, además de probar una tarjeta de pago que debita en Bitcoin y liquida en moneda local. Este enfoque controlado favorece la innovación bajo vigilancia regulatoria.
Argentina
Bitcoin es legal y ampliamente utilizado en Argentina, especialmente como refugio frente a la inflación y las restricciones cambiarias. Aunque no tiene estatus de moneda de curso legal, puede utilizarse para pagos si hay acuerdo entre las partes. Desde marzo de 2024, los VASPs deben registrarse ante la CNV y cumplir con los marcos de prevención de lavado de dinero (AML/CFT).
Desde 2025, el país aplica una política de “circulación libre de divisas”, que permite el uso de Bitcoin y otras monedas en transacciones cotidianas sin restricciones legales. Esta medida forma parte de un plan más amplio de modernización económica, desregulación de mercados e integración digital del sistema financiero.
El Salvador
El Salvador fue pionero en 2021 al declarar a Bitcoin como moneda de curso legal, obligando a los comercios a aceptarlo junto al dólar estadounidense. Sin embargo, a comienzos de 2025, como parte de reformas fiscales alineadas con el FMI, el gobierno revocó ese estatus, eliminando la aceptación obligatoria y su uso en pagos públicos e impuestos.
Bitcoin sigue siendo legal y utilizable de forma voluntaria. La billetera estatal Chivo continúa operando, y el ecosistema Bitcoin permanece activo, especialmente en sectores como el turismo y las remesas. El gobierno ha adoptado un enfoque de doble vía: fomentar la innovación en torno a Bitcoin mientras alinea sus políticas fiscales con sistemas financieros tradicionales.
México
México regula las criptomonedas bajo la Ley Fintech de 2018 y la Circular 4/2019 de Banxico, que definen los activos virtuales y permiten su uso limitado por instituciones autorizadas. Bitcoin es legal, pero no es moneda de curso legal, y su uso en pagos directos está permitido bajo un marco regulatorio estricto.
Bancos y fintechs deben obtener autorización expresa del Banco de México para ofrecer servicios cripto, y todas las entidades deben cumplir con normas AML/CFT. Aunque los pagos con Bitcoin son posibles a través de plataformas aprobadas, su uso en sectores regulados como el iGaming debe realizarse dentro de entornos sandbox o mediante licencias especiales. La normativa sigue evolucionando, con discusiones activas sobre mayor supervisión y protección al consumidor.
Región MENA
La región MENA presenta un panorama regulatorio altamente diverso. Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita lideran en regulación cripto, con intercambios licenciados, pilotos de pago y sandboxes regulatorios activos. Entidades como VARA (Dubái) y FSRA (Abu Dabi) otorgan licencias bajo criterios rigurosos de cumplimiento y operación.
En otros países, como Bahréin, Qatar y Egipto, el nivel de apertura varía, con restricciones que limitan los pagos cripto a contextos aprobados o los prohíben directamente. Las empresas que buscan ingresar al mercado MENA deben considerar licencias específicas por jurisdicción y monitorear el avance de las regulaciones AML y de stablecoins en cada país.
Tendencias clave y conclusiones
Un repaso del entorno regulatorio actual en los principales mercados revela varias tendencias claras:
1. La regulación se está consolidando, no debilitando
Jurisdicciones como la Unión Europea, Brasil y México han superado las directrices generales y ahora aplican normativas estructuradas para VASPs, stablecoins y transacciones con criptoactivos. Incluso en entornos más permisivos—como Argentina y El Salvador—los gobiernos están incorporando mecanismos de supervisión o revisando políticas anteriores. La tendencia global indica que los pagos con Bitcoin son cada vez más viables, especialmente cuando están respaldados por marcos regulatorios con licencias y cumplimiento normativo.
2. La innovación regulada mediante sandboxes se expande
Varios gobiernos están permitiendo de forma cautelosa proyectos piloto de pagos con Bitcoin dentro de sandboxes regulatorios, como ocurre en Perú (piloto de BCP) y anteriormente en Colombia. Estos entornos controlados permiten experimentar con casos de uso de pagos, manteniendo al mismo tiempo la supervisión de las autoridades. Es una señal clara de que la innovación y la supervisión pueden coexistir.
3. Los stablecoins complementan la infraestructura de Bitcoin, no la reemplazan
En México y Estados Unidos, los reguladores se enfocan cada vez más en definir el rol de los stablecoins dentro del sistema financiero. Aunque Bitcoin no siempre es el foco central, sigue siendo complementario, especialmente a través de canales de pago con Lightning Network, que ofrecen liquidaciones rápidas y de bajo costo. Este modelo híbrido se alinea con la evolución de los sistemas de pago bajo supervisión regulatoria.
4. El clima político se convierte en un indicador de mercado
La postura de los gobiernos nacionales empieza a influir directamente en la dirección regulatoria. En Estados Unidos, la administración actual ha adoptado en 2025 un enfoque marcadamente pro-innovación, en contraste con el repliegue normativo observado en El Salvador. En Argentina, la política de libre circulación de divisas está transformando el uso cotidiano de Bitcoin. Para las empresas, esto implica que el riesgo regulatorio también requiere un análisis político.
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